Publicado 10/09/2026 21:11

El expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram apelará la condena por delincuencia organizada: "Aquí no hay delito"

Archivo - Sede judicial en Ecuador. Imagen de archivo
Archivo - Sede judicial en Ecuador. Imagen de archivo - FISCALÍA DE ECUADOR - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram (1996-1997) ha avanzado este jueves que acudirá a instancias internacionales en aras de apelar la sentencia dictada en su contra y en la de su hijo Jacobo Bucaram en la víspera, tras encontrarlos la Justicia del país andino culpables de ser colaboradores de un delito de delincuencia organizada en el caso Pruebas COVID-19, si bien el exdirigente ha sostenido que "no hay delito".

"El fallo era ridículo", ha sostenido Bucaram en una rueda de prensa en su domicilio, recogida por el diario 'Primicias', en la cual ha recalcado que "aquí no hay delito" y que "nunca lo hubo", preguntándose "¿dónde está el delito?" en "una compra entre privados de una bicicleta, una moto, un carro, unas pruebas COVID...".

Del mismo modo, el expresidente ha aseverado que su hijo se encuentra el país, a la par que ha apuntado que tampoco él pretende abandonarlo. "Mi hijo está aquí, ya mismo viene a comer. No ha salido del país y no tiene por qué salir del país, no tiene boleta de captura", ha insistido agregando que, en su caso, él mismo podría irse "ahorita" a "México, a Panamá...", pero que no lo hace por su edad, 74 años, y por su familia.

La condena a nueve años y cuatro meses de prisión para los dos Bucaram tiene que ver con la comercialización ilegal de 21.000 pruebas de COVID-19 durante la pandemia. Del mismo modo, el Poder Judicial ha dictaminado para el exagente de tráfico Leandro B. y para el ciudadano israelí Sheinman O. penas de 13 años y cuatros meses, si bien a este último le ha sido reducida en dos años y ocho meses por colaborar con la Justicia. Estos dos últimos han sido, a ojos de la sentencia, los "autores directos" del delito.

De acuerdo con la Fiscalía del país andino, la estructura delictiva, entre marzo y agosto de 2020, obtuvo beneficios económicos durante la emergencia sanitaria. De ese periodo se ha conseguido demostrar que "comercializaron 21.000 pruebas para detectar COVID-19, además de mascarillas, lancetas, guantes de nitrilo y otros insumos, incurriendo en varios delitos".

Horas antes de conocerse la sentencia, el propio expresidente, contra quien fue dictada la orden de arresto tras no presentarse por sexta vez a la audiencia para escuchar la sentencia, publicó un mensaje en redes sociales en el cual auguró que sería sentenciado a entre "cinco y siete años de prisión".

Lo hizo asegurando haber solicitado el alta médica "a pesar de estar en peligro de muerte súbita". Sobre este tema, también se ha pronunciado Bucaram en redes sociales explicando que los cambios de centros hospitalarios que retrasaron la lectura de la sentencia hasta en seis ocasiones se debieron a que los mismos eran rodeados de policías y militares.

"Los cambios de hospitales son obvios porque el Poder Judicial ha presionado a los hospitales, quitándome el derecho a atender mi salud con una grave crisis cardiaca", sostuvo en una publicación en redes sociales tras la cual hizo otra asegurando haber sido "diagnosticado como paciente de muerte súbita".

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