Archivo - El expresidente de Perú Pedro Castillo. - Europa Press/Contacto/stringer - Archivo
MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ha concluido que la detención del expresidente Pedro Castillo, que tuvo lugar en el marco de una investigación por un presunto intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, fue "arbitraria" y ha pedido su liberación inmediata.
Para los expertos de la ONU, esta detención fue arbitraria debido a que vulneró los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos- -derechos a la libertad, a no ser detenido arbitrariamente, a un tribunal independiente y a la presunción de inocencia-- y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hacen énfasis en el derecho a la libertad y la igualdad ante los tribunales.
Ante este escenario, han solicitado que el Estado peruano lleve a cabo la liberación inmediata de Castillo y han afirmado que el exmandatario tiene derecho a solicitar una reparación por los perjuicios ocasionados por su detención arbitraria.
No obstante, el documento descarta un caso de discriminación contra Castillo por su origen campesino y apunta a que existía una atmósfera de "continuo enfrentamiento entre grupos con distintas posiciones políticas", más que un caso de discriminación acreditada en su contra.
Poco después de publicarse el documento, algunos congresistas, como Silvana Robles, han aplaudido la medida y han asegurado que la detención se produjo de forma "irregular" cuando Castillo aún era presidente del país. "No se respetó el antejuicio político ni se alcanzaron los 104 votos para una votación inmediata de vacancia", ha explicado en un mensaje difundido en redes sociales.
"En suma, el Congreso consumó una vacancia exprés, sin debido proceso, como parte de un complot liderado por el fujimorismo para asaltar el poder. No se trata de simpatías políticas, sino de democracia y respeto al derecho internacional. Corresponde que el Estado peruano disponga su libertad inmediata", ha apuntado.
A finales de 2025, un tribunal de Perú condenó a más de once años de prisión al expresidente por el delito de conspiración para cometer rebelión, al considerar que participó en el intento fallido de golpe de Estado de diciembre de 2022 por tratar de disolver el Congreso y establecer un "Gobierno de excepción". Fue detenido tras anunciar dicha disolución en un mensaje a la nación y, posteriormente, destituido.
Su equipo legal ha presentado en varias ocasiones peticiones para que sea indultado, si bien todas ellas han sido rechazadas por la Justicia de momento. La destitución de Castillo desencadenó protestas y episodios de violencia en varias regiones del país, que dejaron decenas de muertos, además de abrir una nueva fase de crisis política en Perú.