Archivo - Soldados colombianos operan en puestos de control tras ataques de la guerrilla en el Valle del Cauca - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo
MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General de Colombia ha apuntado este miércoles a la autodenominada Columna Dagoberto Ramos, perteneciente a las disidencias de las FARC, como presunto responsable del secuestro de la senadora Aida Quilcué, de la coalición gobernante Pacto Histórico liderada por el presidente Gustavo Petro, que fue posteriormente liberada junto a sus escoltas en el departamento del Cauca, en el sur del país.
Así lo ha declarado el organismo dirigido por Luz Adriana Camargo, según recogen el diario 'El Tiempo' y la emisora Caracol, mientras avanza en la recopilación de pruebas y testimonios para establecer las circunstancias del suceso y determinar la responsabilidad de este grupo armado en el secuestro de Quilcué.
La senadora, ganadora en 2021 del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y quien fue elegida con el apoyo del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), ha presentado una denuncia formal ante las autoridades, un día después de ser secuestrada junto a sus escoltas mientras se dirigían al municipio de La Plata, Huila, hacia la ciudad de Popayán, cuando fueron interceptados por hombres "fuertemente" armados.
"Nos hicieron bajar del vehículo y nos llevaron a un lugar desconocido. Nos dijeron que los acompañáramos, que guardáramos silencio, que de lo contrario tendríamos que asumir las consecuencias y que había que esperar que recibieran órdenes", relató una vez fueron encontrados con vida por las autoridades colombianas, unas declaraciones en las que denunció el "exterminio físico y cultural" de la población indígena y advirtió del "riesgo" al que están expuestos otros representantes públicos.
Asimismo, han demandado formalmente los hechos los integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que acompañaban a la senadora cuando fueron retenidos, informa 'El Tiempo'.
Quilcué, quien también ejerció como consejera de Derechos Humanos y paz de la UNESCO, denunció en 2022 que fue amenazada de muerte en más de 100 ocasiones. Su esposo, Edwin Legarda, murió por disparos de soldados cuando se dirigía en automóvil a la ciudad de Popayán, ubicada en el departamento del Cauca, en diciembre de 2008. El caso fue condenado por numerosas organizaciones indígenas y por ONG como Amnistía Internacional (AI).
Su testimonio ha llegado en medio de la preocupación nacional por la seguridad de los líderes políticos, poco después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) haya confirmado estar detrás del atentado que hace unos días mató a dos escoltas del senador Jairo Castellanos y haya responsabilizado del mismo a su equipo de seguridad al no acatar los controles que ha dispuesto en Arauca para evitar choques con otros grupos armados.