Archivo - Manifestantes se concentran frente al Congreso Nacional, en Buenos Aires, en contra del proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. - Paula Acunzo / Zuma Press / Europa Press - Archivo
MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Senado de Argentina ha dado este jueves su sanción definitiva al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tras incorporar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados que restituyen la plena vigencia de la Ley de Tierras de 2011 y mantienen los límites a la compra de suelos rurales por parte de extranjeros, dejando así sin efecto la derogación incluida en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei.
La iniciativa ha salido adelante con 42 votos a favor y 26 en contra después de que el oficialismo modificara su estrategia parlamentaria para evitar que los bloques opositores lograran tumbar en el Congreso la totalidad del citado decreto presidencial, según ha informado el diario argentino 'La Nación'.
En concreto, el texto aprobado añade dos artículos clave al proyecto original: el artículo 38, que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023 --por el que se eliminaban las trabas a la extranjerización de tierras--, y el artículo 39, que restablece la Ley 26.737, la cual fija un tope máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y un límite de 1.000 hectáreas por titular en las zonas agrícolas más productivas.
Este giro legislativo pone fin a meses de vaivenes políticos y judiciales en torno a la normativa. Tras un primer revés en agosto en la Cámara Alta en medio de un debate sobre la soberanía nacional, la discusión se reavivó a finales de septiembre cuando el Tribunal Supremo argentino revocó una sentencia previa al considerar que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) --organización que impulsó el amparo que frenaba la derogación de la Ley de Tierras-- carecía de legitimación procesal, desbloqueando temporalmente la venta sin límite a extranjeros.
Sin embargo, apenas nueve días después, la máxima corte dio marcha atrás y dictó una medida cautelar de urgencia --a raíz de un amparo presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie en Bariloche-- que suspendió provisionalmente la aplicación del decreto hasta que la Justicia se pronunciara sobre el fondo del asunto.
Más allá de la restitución de la Ley de Tierras, la nueva norma endurece los requisitos para las expropiaciones, exigiendo una declaración específica de utilidad pública y el pago de una indemnización previa calculada a valor de mercado que contemple el lucro cesante.