Publicado 20/11/2026 01:10

El Supremo de Brasil fallará en diciembre sobre la ley que reduce penas a condenados por el intento de golpe de Estado

La validación de la Ley de Dosimetría podría poner en régimen de semilibertad a Jair Bolsonaro a finales de 2027

Archivo - El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro durante el juicio en el que acabó condenado a más de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado
Archivo - El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro durante el juicio en el que acabó condenado a más de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado - Gustavo Moreno/STF/dpa - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha fijado para el próximo día 4 de diciembre el inicio de la sesión en la que el pleno de la corte decidirá sobre cuatro causas relacionadas con la validez de la judicialmente suspendida Ley de Dosimetría, que permite la reducción de penas para los condenados por el intento de golpe de Estado liderado por el expresidente Jair Bolsonaro y que culminó con el asalto a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023.

El caso se desarrollará así en un pleno virtual en el que los jueces del Supremo podrán emitir desde el propio día 4 hasta el 15 del mismo mes sus votos sobre cuatro Acciones Directas de Inconstitucionalidad que impugnaron la ley en cuestión, según ha informado el propio STF, después de que el juez Alexandre de Moraes --instructor del juicio por el propio conato golpista-- las haya admitido a trámite.

El primer recurso corresponde a la Asociación Brasileña de Prensa (ABI, por sus siglas en portugués), mientras que los siguientes fueron presentados, respectivamente, por la federación formada por los partidos Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y Rede Sustentabilidade, por el Partido Democrático Laborista (PDT) y por la federación compuesta por el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Comunista de Brasil (PC do B) y el Partido Verde (PV); todas ellas formaciones de izquierda a centroizquierda.

La Ley de Dosimetría fue aprobada por el Legislativo en diciembre de 2025, pero el texto fue vetado en su totalidad por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sin embargo, el Congreso Nacional revirtió el veto y la ley fue promulgada en mayo por el presidente del Congreso, el senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Tras su promulgación, las defensas de los condenados por intento de golpe de Estado recurrieron al STF para solicitar la aplicación de la nueva legislación, medidas a las que se sumaron las cuatro citadas impugnaciones que solicitaban su anulación.

La controvertida ley lleva suspendida desde mayo, pocos días después de su promulgación, por orden del propio Alexandre de Moraes --considerado por la oposición como enemigo de los Bolsonaro--, quien indicó que esperaría al fallo del pleno del tribunal para determinar si la medida era o no compatible con la Constitución.

Sin embargo, este mismo martes, los presidentes del Senado, Davi Alcolumbre, y de la Cámara de Diputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reunieron con el magistrado y le solicitaron que desbloqueara el caso, según ha recogido el diario brasileño 'Folha'.

La validación de la ley reduciría los argumentos que la oposición en el Congreso Nacional alega tener para respaldar un proceso de juicio político ('impeachment') contra jueces del Supremo, siendo Moraes el principal objetivo.

En cambio, también reduciría drásticamente el tiempo de prisión en régimen cerrado para el expresidente Jair Bolsonaro: de siete años a aproximadamente dos años y tres meses, según los cálculos de jueces y abogados citados por 'Folha'. Dado que ya ha cumplido casi un año de condena en régimen cerrado, podría ser puesto en libertad a finales de 2027, continuando el cumplimiento de su pena bajo regímenes de semilibertad y, posteriormente, de libertad abierta.

Al exmandatario --condenado por organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, daños agravados por violencia y amenazas graves, y deterioro de patrimonio histórico protegido-- se sumarían como beneficiarios otras autoridades que formaron parte de lo que el Supremo identificó como el núcleo central de la trama golpista, como el general, exministro de Defensa y candidato derrotado a la vicepresidencia Walter Braga Netto, o el exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad Anderson Torres.

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