MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Justicia de El Salvador ha fijado en 30 años la pena de prisión impuesta contra tres exmilitares por el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses en 1982, unos delitos registrados en el marco de la guerra civil en el país centroamericano (1980-1992).
El tribunal ha emitido su fallo y ha matizado que todos ellos, que han sido hallados culpables de la muerte de Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag y Joop Willemsen, tendrán que pasar un total 30 años en la cárcel, dado que esa es la pena máxima estipulada en el Código Penal de la época en la que se cometieron los delitos en cuestión.
Inicialmente, la Justicia había estipulado una condena a quince años de cárcel para cada uno, pero este jueves, la Justicia ha matizado que dicha sentencia suponía en realidad quince años de prisión por cada asesinato, lo que se traduciría en un total de 60 años para cada uno de los acusados, según ha informado el diario salvadoreño 'La Prensa Gráfica'.
Sin embargo, uno de los abogados del caso, Gustavo Huezo, ha aclarado que la condena ha sido reducida de 60 a 30 años debido a que la sentencia se basa en el Código Penal de 1974.
Asimismo, ha recordado que entre los tres condenados se encuentra el exministro de Defensa José Guillermo García, general del Ejército, además del exdirector de la Policía de Hacienda Francisco Atonio Morán y el excomandante de la IV brigada de infantería Leonel Mario Adalberto Reyes.
Koster, Kuiper, Willemsen y Laag trabajaban para la cadena IKON TV y se encontraban cubriendo el conflicto armado cuando sufrieron una emboscada el 17 de marzo de 1982 a manos de un grupo de unos 25 militares en la zona de Chalatenamgo.
La causa fue reabierta en 2018 después de que el Tribunal Supremo de El Salvador declarara inconstitucional dos años antes una ley de amnistía aprobada en 1993 para perdonar los crímenes cometidos durante la guerra civil, que enfrentó al Ejército con la guerrilla izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).
Este caso se ha convertido en el primero del país en el que antiguos altos cargos del Ejército son condenados por crímenes que tuvieron lugar durante el conflicto armado. Además, abre la vía a que los familiares soliciten las indemnizaciones correspondientes por la vía civil.