Archivo - September 19, 2017 - Cox'S Bazar, CHITTAGONG, BANGLADESH - Senu Ara (woman), A Rohingya refugee from Myanmar has arrived to Cox's Bazaar 4 days ago. Senu Ara has 4 children, her husband is sick and they are living in a tent at Cox's Bazaar, Bang - Can Erok / Zuma Press / Europa Press - Archivo
MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Unidad Nacional birmano, las autoridades exiliadas tras el golpe de Estado militar de 2021, ha recibido como "un momento importante" para la minoría musulmana rohingya y para la "búsqueda de justicia" en el país, apuntando a la violencia ejercida por la junta en todo el país tras la histórica condena por genocidio que ha dictado este jueves la Corte Internacional de Justicia (CIJ)contra Birmania por su persecución de la citada comunidad durante la operación militar que emprendió en 2017 en el estado de Rajine, donde murieron alrededor de 10.000 personas.
"Su sufrimiento ha sido expuesto ante el máximo tribunal del mundo, lo que reafirma la responsabilidad de la comunidad internacional de prevenir el genocidio, defender el Derecho Internacional y garantizar la rendición de cuentas", ha subrayado el Gobierno de Unidad Nacional, que ha remarcado que "respeta la autoridad de la CIJ y su sentencia", agregando que analizará las conclusiones de la Corte y que mantiene su "compromiso con una rendición de cuentas efectiva y con la prevención de nuevas atrocidades".
Al hilo, las autoridades exiliadas han defendido que "la búsqueda de justicia para los rohingyas debe ir acompañada de medidas para poner fin a la violencia que la junta militar sigue ejerciendo contra la población civil en toda Birmania", denunciando "ataques aéreos, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y desplazamientos forzados" en múltiples estados y regiones del país, incluido Rajine. "El ciclo de violencia e impunidad debe terminar, y los responsables de las atrocidades deben rendir cuentas ante la Justicia", han reclamado.
En este sentido, han argumentado que "la comunidad internacional debe transformar su compromiso con la justicia en acciones concretas", instando tanto a Estados como a instituciones globales a "fortalecer la rendición de cuentas, proteger a la población civil y adoptar medidas eficaces (...) para detener el flujo de armas, combustible para aviación y recursos financieros" de los que, denuncian, se nutre la junta militar.
"El retorno seguro, digno y voluntario de los rohingyas a sus hogares requiere paz, seguridad y la plena protección de sus derechos fundamentales", ha manifestado el gobierno en el exilio, que ha reafirmado su compromiso con "una democracia federal inclusiva, en la que los rohingyas gocen de justicia, ciudadanía, igualdad y dignidad".
De este modo, ha celebrado el "importante paso" que supone la sentencia de la CIJ, argumentando, no obstante, que "no puede ser el final". "Una paz duradera requiere rendición de cuentas, protección para todas las comunidades y el desmantelamiento de las estructuras que facilitan la persecución y la impunidad", ha reivindicado.
Las autoridades exiliadas han reaccionado de este modo a la condena de la Corte Internacional de Justicia, establecida este jueves en un fallo que establece que miles de estos civiles rohingyas fueron "asesinados de forma violenta durante operaciones de limpieza" en 2017, así como considera "razonable inferir que las fuerzas de Birmania actuaron con intención genocida".