El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). Durante el pleno de hoy, la cámara ha recibido la presentación del informe del Defensor del Pueblo correspondi - Isa Saiz - Europa Press
MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha pedido a la Dirección General de la Policía (DGP) evitar la expulsión de extranjeros que estén en proceso de regularizar su situación en España, tras recibir quejas.
La institución ha pedido que durante el período de vigencia del proceso de regularización de migrantes -iniciado el 16 de abril y que finaliza el próximo 30 de junio- no se den órdenes de expulsión de ciudadanos extranjeros que carezcan de antecedentes penales, cuando la expulsión se fundamente en su situación de estancia irregular.
También ha recomendado a la DGP que, cuando la persona extranjera manifieste haber solicitado una autorización de residencia por arraigo extraordinario y aporte justificante de dicha solicitud, se compruebe la documentación aportada antes de iniciar una posible orden de expulsión.
En este sentido, considera que se debería demorar la ejecución de la orden de expulsión hasta que no haya pronunciamiento sobre la solicitud de regularización presentada.
La institución ha formulado esta recomendación tras recibir quejas de migrantes que, a pesar de haber solicitado la regularización, han sido detenidas o informadas de la ejecución de su expulsión. Según ha apuntado, se trata, generalmente, de personas que llevan tiempo residiendo en España y que han establecido vínculos acreditados de carácter social, laboral o familiar.
El Defensor del Pueblo señala que siempre que estas personas carezcan de antecedentes penales y no representen una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública, "se debería evitar su expulsión".
Por su parte, fuentes del Ministerio del Interior aseguran a Europa Press que "se ha cumplido en todo momento la ley" y recuerdan que el Real Decreto de regularización ya recoge que, en casos de personas que carezcan de antecedentes penales y no representen una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública, se debería evitar su expulsión.