SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
Greenpeace y Ecologistas en Acción han insistido este miércoles en que el vertido "tóxico" al río Guadalquivir implícito en el nuevo proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) a manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis para la reapertura de la famosa corta minera"; incidirá en un área que acumula las tomas de riego de "36.000 hectáreas de arrozal".
Frente a las tesis de la empresa, que dice prever "una estación depuradora de agua de última generación, que se une a la promoción de una nueva red de infraestructuras para la gestión hídrica del proyecto"; para "resolver definitivamente el problema generado por los pasivos ambientales heredados de la antigua operación minera"; los ecologistas reiteran que el proyecto implica "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja", con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.
Se trata, según los ecologistas, de metales como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, niquel, plomo, selenio y zinc, entre otros metales contaminantes"; considerando que "no se ha aprendido nada" de la catástrofe natural acontecida en 1998 como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero de Aznalcóllar, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
Y mientras el Gobierno andaluz del PP defiende que la actuación cumple todos los parámetros medioambientales estipulados por las normativas y leyes, negando dicho "vertido tóxico"; tales colectivos detallan que el dictamen ambiental firmado el 27 de octubre de 2023 por técnicos de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul incluye un informe de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de admisibilidad del vertido de más de 85.000 "millones de litros de aguas contaminadas mediante una tubería de 30 kilómetros".
"A pesar del proceso de depuración, la carga contaminante máxima acumulada durante los más de 18 años que se propone autorizar, descargaría en el Estuario del Guadalquivir cantidades totales muy elevadas de*metales y metaloides potencialmente tóxicos como arsénico (2.709,12 kg), cadmio (677,28 Kg), cobre (5.577,60 Kg), cromo (717,12 kg) mercurio (23,90 kg), níquel (5.577,60 Kg), plomo (796,80 kg), selenio (796,80 kg) y zinc (26.294,40 kg), entre otros contaminantes mineros", reiteran.
"En ese tramo del río, hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, se localizan las tomas de riego de las 36.000 hectáreas de arrozales y las zonas de cría de los alevines del caladero del Golfo de Cádiz, con lo que la contaminación por bioacumulación de metales pesados del pescado y mariscos capturados en esa zona podría ser significativa", advierten.
Finalmente, critican que "el contenido del dictamen ambiental y del informe de admisibilidad del vertido no han sido nunca sometidos a información pública por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía".