Archivo - Mercado de ropa de segunda mano de la Asociación RETO, a 10 de marzo de 2022, en Collado Villalba, Madrid (España). RETO es una Organización No-Lucrativa de principios cristianos que nació a finales de 1985 en Cantabria con el objetivo de ayudar - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo
MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ha advertido este miércoles que la transición hacia el nuevo sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para los residuos textiles requiere de "medidas transitorias" de financiación hasta que el sistema de RAP esté plenamente desplegado que permitan preservar las capacidades de recogida, clasificación, reutilización y reciclaje sobre las que deberá apoyarse el futuro modelo de gestión, impulsando al mismo tiempo la economía circular y el empleo inclusivo.
Con ello, busca preservar una infraestructura "estratégica" desarrollada durante décadas por empresas y entidades de la Economía Social y para proteger los 3.700 puestos de trabajo de este sector. Asimismo, defiende un modelo basado "en la financiación suficiente, la transparencia y la trazabilidad", que sea capaz de aprovechar "las capacidades ambientales, sociales y territoriales ya existentes".
CEPES ha recordado que las empresas de Economía Social gestionan más del 60% del residuo textil tratado en España y generan más del 90% del empleo del sector. En 2024, recogieron de forma separada cerca de 119.000 toneladas de residuos textiles a través de alrededor de 30.000 contenedores, diez plantas de clasificación, operadores especializados y redes de reutilización y reciclaje distribuidos por todo el territorio nacional, que cuentan además con 310 puntos de venta.
Durante los últimos años, las empresas y entidades del sector han realizado un "importante esfuerzo" para prepararse para la implantación de la RAP, según CEPES. Lo han hecho reforzando instalaciones, profesionalizando equipos, mejorando la trazabilidad e invirtiendo en nuevas capacidades de reutilización y reciclaje.
"Sin embargo, el retraso en el desarrollo reglamentario ha dejado estas inversiones sin el marco de financiación previsto, obligando a las organizaciones a asumir unos costes crecientes mientras continúan prestando un servicio esencial para la ciudadanía. A ello se suma el incremento del volumen de ropa depositada por la población en los contenedores textiles", ha avisado.
De acuerdo con la Confederación, numerosos municipios podrían encontrar mayores dificultades para gestionar la recogida de ropa usada si parte de su infraestructura desapareciera antes de que el nuevo sistema esté plenamente operativo. Además, disminuiría la capacidad de reutilización y reciclaje y se perderían "cientos" de oportunidades de empleo destinadas especialmente a personas en situación de vulnerabilidad.
"Una situación que ya ha comenzado a tener consecuencias sobre el terreno. El desequilibrio entre el volumen de textil recogido y la capacidad del sistema para darle una salida sostenible está obligando a adecuar temporalmente la recogida en los territorios más afectados, e incluso a suspender o retirar determinados puntos de recogida. En una primera fase, estas medidas supondrán una reducción del 7% de la recogida --4.000 toneladas, lo que desecharía una ciudad española en casi 2 años-- un porcentaje que podría aumentar si no se llega a una solución", ha explicado.
El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, ha subrayado que la transición hacia un nuevo modelo debe construirse sobre la experiencia y las capacidades que la Economía social lleva "décadas demostrando" para combinar eficiencia ambiental, generación de empleo e inclusión social, "y no ponerlas en riesgo". "Preservar esta infraestructura significa garantizar que España pueda avanzar hacia una economía circular con todas las garantías y sobre todo trabajar para que no se pierda ni un solo puesto de trabajo", ha recalcado.